Hasta ahora, los priistas y los llamados “panistas rebeldes” en el Senado concordaron a hacer un llamado a la Cámara de Diputados a tener la voluntad y capacidad política para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Seguridad Interior, antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre.
El líder de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, arguyó en que el marco legal que busca dar certidumbre jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas es una ley necesaria para contener y atacar a las organizaciones delincuenciales que operan en algunas regiones del país.
“Los senadores del PRI tenemos claro que esta Ley es necesaria para darle seguridad a los mexicanos y regular la actuación de las Fuerzas Armadas en su labor contra la delincuencia organizada”, aseguró.
Por otro lado, los considerados senadores ‘rebeldes’ de Acción Nacional: Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, más el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, —y los que se sumen— advirtieron que harán hasta lo imposible porque en este periodo ordinario se aprueba la Ley de Seguridad Interior.
“No se vale pedirles al Ejército y a la Marina Armada de México que sigan apoyando a los gobiernos estatales y municipales ante la falta de capacitación y capacidad de las policías a nivel local”, reclamó el senador poblano Javier Lozano.
Arguyó que los militares todos los días están arriesgando sus vidas porque el Congreso de la Unión no ha sido capaz de darles un marco legal que brinde certidumbre jurídica a su actuación y lo que falta es voluntad política y dejar a un lado el cálculo político electoral para ir por una legislación de seguridad interior que no trata de militarizar al país.
El Grupo Parlamentario del PRI fundamentó que no se trata solo de crear un marco jurídico que dé certeza a soldados y marinos, sino a todos los órdenes de gobierno para hacer cumplir la ley y fortalecer el Estado de derecho.
También, de establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades responsables, de acuerdo a la Constitución, para brindar seguridad a los mexicanos.
Los priistas tienen claro que el incremento de la presencia del crimen organizado obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a reforzar su participación para recuperar la seguridad, por lo que refrendaron el compromiso de definir el marco jurídico dentro del que se deben desempeñar soldados, pilotos y marinos.
“No se trata solo de garantizar en las leyes un combate a la delincuencia organizada con legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, sino también establecer con claridad las competencias y la corresponsabilidad para los gobiernos federal, estatales y municipales”, insisten.