El ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, sentenciado por asesinar a un policía en Houston, Texas, en 1994, y diagnosticado con una “discapacidad intelecutal leve”, espera la ejecución de su sentencia de muerte para el 22 de enero de 2014, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una carta al gobernador de aquella entidad estadounidense, Rick Perry, para solicitar el aplazamiento o la conmutación de la pena, así como también a la Junta de Perdones y Libertad Condicional.
Las cartas, según un comunicado de la Cancillería emitido este domingo 22 de diciembre, refieren que hasta hoy está pendiente el recurso de revisión judicial que la Corte Internacional de Justicia otorgó a 50 mexicanos, entre ellos Tamayo Arias, mediante el llamado Caso Avena.
Dicho caso, que data de 2004, hace referencia a la Convención de Viena sobre los derechos consulares, la cual obliga a los signatarios a permitir que se preste protección consular inmediata a un detenido. La revisión pendiente en el caso de Tamayo Arias permitirá evaluar si la violación a los derechos a la notificación y acceso consular fue determinante en la imposición de la pena capital.
El comunicado de la cancillería recuerda que en julio de 2008, el gobernador Rick Perry, en cartas dirigidas a los entonces secretaria de estado Condoleezza Rice, y al procurador General de Estados Unidos Michael Mukasey, prometió que Texas apoyaría la revisión de los casos de violación al artículo 36 de la Convención de Viena.
La posible ejecución de Edgar Tamayo Arias, originario de Mictlán, Morelos, constituiría el tercer caso de aplicación de pena de muerte a un mexicano que es parte del fallo Avena, pues los mexicanos José Ernesto Medellín y Humberto Leal García, fueron ejecutados uno en 2008 y otro en 2011.
La carta del secretario Meade Kuribreña encabeza la lista de acciones de apoyo desplegadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como por distintos actores nacionales e internacionales entre los que destacan: senadores y diputados mexicanos, el Gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Parlamento Europeo, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Evangélicos Latinos en los Estados Unidos, entre otros.
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