1994-2014: TLC, el asesinato de Colosio y los 20 años de reformas

Dr. Eduardo Pagaza Robles

A lo largo de los ochentas y principios de los noventa, en América Latina se instrumentaron reformas económicas. México asumió este proceso y durante los ochentas se realizaron profundas transformaciones en la economía mexicana, orientadas a modificar el modelo de desarrollo seguido hasta finales de los setentas.

Durante este proceso, se implantaron reformas encauzadas a reducir la participación económica directa e indirecta del Estado con el fin de ceder mayor espacio a los mecanismos de mercado.

Estas reformas fueron un conjunto de medidas que modificaron la operación macroeconómica, bajo la forma de políticas de ajuste y reformas estructurales que se agruparon en el llamado Consenso de Washington, que dieron como resultado: liberación comercial, liberación financiera interna y externa, saneamiento fiscal, privatización de empresas estatales, así como de ciertos servicios sociales, incentivos para atraer capitales externos y desregulación.

En su conjunto las reformas estaban destinadas a crear un nuevo entorno, en el que se suponía que el sector privado debía operar de manera más eficiente y dinámica, lo que permitiría alcanzar mayores niveles de bienestar en las economías de la región.

Las reformas que habilitan el cambio estructural, bajo la forma de políticas de ajuste y reformas estructurales, están destinadas a crear un nuevo entorno en el cual el sector privado debe operar de manera más eficiente y dinámica, permitiendo, con ello, alcanzar mayores niveles de bienestar.

Todo este conjunto de reformas económicas que precedieron la firma del Tratado de Libre Comercio tenían, entre otros objetivos, reducir la intervención estatal, disminuir distorsiones e imprimir mayor eficiencia y mecanismos de mercado en el quehacer económico.

Sin estas reformas, era imposible que el primero de enero de 1994 entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLC).

 

El asesinato de Colosio y la coyuntura política y económica:

En el contexto de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, consecuencia de la instrumentación de importantes reformas económicas, 1994 fue un año marcado no sólo porque entramos a un acelerado proceso de apertura e integración económica con Estados Unidos y Canadá, sino también porque se manifestaron y encadenaron delicados e importantes procesos y acontecimientos políticos internos, que por cierto algunos eran inéditos en la historia reciente de México, entre otros podemos destacar los siguientes:

1. Una guerra en el sureste en donde el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional exigía la renuncia del ejecutivo.
2. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994.
3. La oposición se colocaba en primer lugar en intención electoral en algunas encuestas.
4. La economía se derrumbada “silenciosamente”.
5. Se dio una agresiva fuga de capitales.
6. Se devalúa el peso.
7. Los empresarios se distancian de la política económica y el desempleo aumentaba.
8. Asesinan a Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI (28 de septiembre de 1994).  
9. El Estado pierde capacidad de conducción y dirección de los procesos sociales.
10. La estabilidad política estaba en riesgo.

La situación política y económica se deterioró a tal nivel que fue necesario que en el año 1995 se instrumentaran, en México, nada menos que cinco Programas de Ajuste y se contrataran los mayores préstamos de la historia reciente del país.

México presentaba una seria crisis de ingobernabilidad política y económica.    

La primera evaluación de las reformas (2003):

Los resultados de la aplicación de las reformas derivadas del Consenso de Washington fueron limitados, e inclusive cuestionados por sus principales ideólogos: John Williamsom y Pedro Pablo Kuczynski.

Ellos reconocieron serias debilidades a sus propuestas originales, en la XLIV Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y al presentar su libroAlter the Washington Consensus: Restarting the Growth and Reform in Latin America (2003), argumentaron: “que pese a las reformas económicas, la región (América Latina), experimenta un dramático retroceso en términos de ingreso per cápita, distribución de la riqueza y mejora en los índices de bienestar. Insistieron en que sólo con un crecimiento de cinco por ciento anual puede hacerse frente a los retos que impone el retroceso o debilitamiento económicos”.

Respecto a México (un año antes de las crisis política y económica de 2004), afirmaron que “está consolidando los cambios de primera generación, pero la falta de acuerdos políticos entre el ejecutivo y el legislativo es uno de los principales obstáculos para que los países latinoamericanos, entre ellos México, elaboren la reforma fiscal, laboral, energética y judicial que les permitirían dinamizar su crecimiento económico, fortalecer el mercado interno y mejorar su capacidad competitiva global”.

Esta conclusión vuelve inconsistentes los argumentos originales que justificaban desde los inicios de los ochentas, el gran impulso original a la oleada de reformas, privatizaciones y políticas de conducción ortodoxas, cuyo agotamiento se ve reflejado, hasta la fecha, en la falta de dinamismo económico interno y la reducción de los índices de bienestar que presentan la mayoría de los países latinoamericanos incluyendo a México.

 

Después de 20 años de TLC, se profundizan las reformas estructurales:

 

La política de ajuste o cambio estructural en México se justifica como práctica de política económica desde los ochentas y se extiende hasta la fecha (veinte años después), adquiriendo un importante realce político, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Hoy, a un año de inicio de la administración de Peña Nieto, vemos un intenso proceso de profundización y también hay que decirlo, en algunas políticas, intensos procesos de cambios de paradigma:

La narrativa oficial lo hace evidente: “Con las reformas estructurales implementadas y los sólidos fundamentos económicos, se están dando las bases para que el país alcance su máximo potencial y que el Ejecutivo emprendió una serie de reformas transformadores en materia laboral, educativa, de telecomunicaciones, financiera y energética, con el fin de convertir al país en una nación productiva y competitiva, donde los mexicanos tengan oportunidad de desarrollo y empleos bien remunerados”.

En cambio, evidenciamos un profundo golpe de timón cuando, a diferencia de administraciones anteriores, se propone y aprueba una política que rompe con algunos de los principales postulados del Consenso de Washington y vertebra en el ámbito de la política económica un importantísimo cambio de paradigma, en especial con la reforma hacendaria, columna vertebral del proceso económico de nuestro país, se da un verdadero cambio, ya que fue pensada y diseñada con un perfil teórico y político diferente (heterodoxo), y con una gran visión que asume que el mercado para estructurarse y fortalecerse, requiere de la mano visible del Estado, asume que se necesita el importante impulso del gasto público, por lo que asume abiertamente un déficit moderado. Se trata, con esta reforma, nada menos que de rehabilitar y fortalecer algunas de las facultades económicas del Estado que se habían olvidado en las cuatro administraciones anteriores.

 

No hay duda, hay un cambio de paradigma, de dirección y un rompimiento parcial con algunos de los postulados que defienden diferentes organismos financieros internacionales.    

El Dr. Luis Videgaray Caso, arquitecto de esta propuesta, asume abiertamente y propicia un distanciamiento con postulados dogmáticos y propicia un importante cambio de paradigma, rediseñando los instrumentos de política económica fundamentales, por medio de los cuales el Estado debe intervenir en la economía. Propone un gasto con un fuerte perfil contracíclico y apoya con su propuesta una política de flexibilización del déficit público, en donde en una primera etapa crecerá en forma moderada para después restablecer el equilibrio fiscal.

A diferencia de las políticas hacendarias aplicadas en sexenios anteriores, ahora hay una visión clara que asume abiertamente que es importante utilizar uno de los principales instrumentos del Estado (el gasto público), para detonar crecimiento.

Esto, no hay duda, es un cambio trascendental, ya que modifica una visión dogmática, que la Secretaria de Hacienda venía defendiendo desde la década de los ochenta.      

Todo esto ha generado que las reformas estructurales en México, pasen por todo tipo de procesos políticos complejos y por coyunturas de discusión de gran intensidad, al mismo tiempo han enfrentado todo tipo de resistencias, unas legítimas, otras tramposas, manipuladoras e interesadas. Todo ello, derivado del peso especifico del contenido de las propuestas y de las formas en que se ha conducido su discusión.

Hay que tomar en cuenta que el cambio estructural desde la perspectiva oficial se entiende como el cambio en la estructura económica en el sentido de que operen los mercados eficientemente y en un esquema regulatorio mucho más flexible.

El cambio estructural debe pensarse desde la perspectiva de la refuncionalización de la acción del Estado con la intención de habilitar los procesos de mercado y detonar crecimiento económico. Entender lo contrario es inconsistente y maniqueo.

 

 

El aumento de la calificación por parte de Moody’s, es un signo claro de esto, nos habla de una mucho mejor percepción de las reformas desde el exterior y en consecuencia de la posibilidad una baja en las tasas de interés en las futuras emisiones de deuda soberana de nuestro país. Pero esto no soluciona nada en el corto plazo en nuestra economía, seguiremos con serios problemas estructurales internos.

Adicionalmente hay que recordar que las calificadoras sólo apuntalan expectativas para futuras inversiones y a veces se “equivocan”, causando grandes estragos no sólo en economías vulnerables como la nuestra, sino también en economías como la norteamericana, recordemos el caso de su irresponsable papel que asumieron en la crisis hipotecaria de EU, por la cual el departamento de justicia de Estados Unidos demando por 5 mil millones de dólares a Standard & Poor’s (S&P), por su detonar una crisis financiera que puso en jaque a todo el sistema financiero internacional.

El comportamiento monopólico de estas agencias calificadoras (S&P, Moody’s y Fitch)es por lo menos cuestionable y hay que analizarlo con sumo cuidado, ya que hay un comportamiento estructuralmente especulativo, resultado de la falta de regulación y de los intereses que las mueven.

Esperemos que con la nueva visión de la administración de Peña Nieto y el cambio en algunos paradigmas, en los que se sustenta la nueva política fiscal, se den mejores y prontos resultados, en beneficio del mercado interno (más inversión, empleo de calidad, mejores salarios, crecimiento económico y bienestar). La población espera resultados positivos con sentido de urgencia.

El Estado debe evitar que crezcan nuevamente las manifestaciones de ingobernabilidad política y económica. Una reforma o conjunto de reformas no son suficientes para alcanzar los objetivos más profundos e importantes para una nación.

Las reformas estructurales, se han construido sustentando y justificando jurídicamente, a partir de cambios constitucionales que modifican y adecuan ordenamientos secundarios. Pero tienen objetivos económicos muy claros. Pero no hay que caer en la trampa del fetichismo del derecho, en donde se pretende que la sola norma, por sí sola, puede cambiar la realidad. Esto, desde la perspectiva económica y jurídica es inaceptable. Para cambiar la realidad económica de México se necesita mucho más que eso, los veinte años que llevamos con reformas y con tratados nos lo han demostrado reiterada y suficientemente.