Redacción/Reporte Tamaulipas Sabado,07 de Junio del 2014

Redacción/Reporte Tamaulipas
Sabado,07 de Junio del 2014

Para sancionar a particulares y funcionarios que no se apeguen a las disposiciones de la Ley de Vivienda en el Estado, cuando ofrezcan viviendas que no cumplen con el mínimo estándar requerido,  Diputados panistas de la LXII Legislatura propusieron una iniciativa con proyecto de decreto que garantice seguimiento fiel a las denuncias ciudadanas.

“La presente iniciativa tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de la Ley de Vivienda, estableciendo normas que prevean las bases para denunciar las conductas de autoridades y particulares, contrarias a las disposiciones de Ley, a fin de que se castiguen, tal y como se ha implementado en los Estados de Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Guanajuato y Veracruz”, dijo en su exposición de motivos del diputado Francisco Javier Garza de Coss.

Argumentó en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que es un derecho fundamental del ser humano contar con una vivienda digna

Este precepto protegido por el derecho internacional así como por la Constitución Política de México, lo conceptualizan como: “el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad”.

Enumeró que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, se caracteriza por ser garantía de todas las personas.

Aclaró que  para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad y drenaje.

Agregó Garza de Coss los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el Pacto Internacional así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho.

La propuesta de reforma con proyecto de decreto asegura a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.

“Sin embargo, si bien es cierto el citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, también lo es que deja libertad de configuración para que cada Estado sea quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales y climatológicas de cada país”, dijo Garza de Coss.

Dijo  corresponde a cada Estado emitir la legislación y normativa que regulen la política en torno al derecho a una vivienda adecuada.

“Su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares, sino que corresponde a aquél implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den cumplimiento a los compromisos adquiridos” refirió desde la tribuna en el Congreso del Estado.

Reveló que por lo menos en los estados de Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Veracruz, ya de aplica la ley con estos rubros que permiten mayor garantía al ciudadano de poder contar con una vivienda digna.

La presidencia de la mesa directiva turnó la propuesta de la bancada panista a la Comisión especial de vivienda y a la de Estudios Legislativos para el análisis de la iniciativa y su posterior dictamen.

Garza de Coss forma parte del GPPAN junto con Laura Teresa Zárate Quezada, Belén Rosales Puente, Patricia Guillermina Rivera Velázquez, José Salvador Rosas Quintanilla, Oscar Enrique Rivas Cuéllar, Juan Patiño Cruz, Juan Martín Reyna García, Álvaro Humberto Barrientos Barrón y Francisco Elizondo Salazar.