Reforma a la administración pública federal pone más candados anticorrupción

Por: Agencias-Excélsior/

México.-La reforma a la administración pública federal aprobada el jueves por la Cámara de Diputados, que desaparece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pretende responsabilizar de manera directa a los secretarios de Estado sobre el uso del erario.

Fuentes consultadas del grupo parlamentario del PRI señalaron que la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que ahora se encuentra en el Senado para su discusión, busca terminar con los pretextos de que el uso de recursos públicos depende de la SFP.

Con este cambio, el próximo gobierno federal quiere garantizar que, como se define en el artículo 44 de la iniciativa, “los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva”.

Además, los secretarios de Estado serán responsables del desempeño de los servidores públicos y órganos de su dependencia, así como de la modernización continua y del desarrollo de la gestión administrativa.

Si el Senado también avala la reforma, las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad harán en noviembre su plan anual de trabajo.

Esta iniciativa se suma a la propuesta del presidente electo Enrique Peña Nieto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción.

Buscan que gabinete asuma tareas de SFP

Con el rediseño de la administración aprobado en San Lázaro el jueves, el futuro gobierno de Enrique Peña Nieto busca responsabilizar de manera directa a los titulares de las dependencias federales del control del ejercicio de los recursos y terminar con las excusas de que éste correspondía a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Para concretar ese propósito, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados defendió la desaparición de la SFP y rechazó la propuesta del PAN de mantenerla, en tanto no se creara el organismo que estará a cargo de la lucha anticorrupción, cuya iniciativa se encuentra ya en el Senado.

De acuerdo con fuentes consultadas en el grupo parlamentario priista, el objetivo de eliminar a la Función Pública radica, principalmente, en establecer una mayor obligación legal para los titulares de las secretarías en la rendición de cuentas.

Con este cambio, el futuro gobierno pretende garantizar que, como se define en el artículo 44 de la iniciativa, “los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva”.

Aun cuando la bancada panista presionó para modificar ese artículo y posponer la desaparición de la SFP, los priistas tenían la instrucción de sacarlo adelante por el interés de Peña Nieto de iniciar su sexenio con una ley en la que “los titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales”.

Por lo tanto, los secretarios serán responsables del desempeño de los servidores públicos y órganos de su dependencia, así como de la modernización continua y del desarrollo de la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos.

De aprobarse la reforma en el Senado, en los años venideros “las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías”, se indica en la iniciativa.

Los auditores entregarán informes en mayo y noviembre tanto al titular de la dependencia o entidad así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales”.

En los artículos transitorios se aclara que se mantiene en vigor toda la normatividad de la Secretaría de la Función Pública, ahora vigente, “hasta en tanto las unidades administrativas competentes realicen la reforma o abrogación que consideren procedente”.

Las actuales tareas normativas y de mejora de la gestión desarrolladas por la Función Pública se transferirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La reforma prevé que a partir de la entrada en vigor del decreto, los denominados órganos internos de control de las dependencias, entidades y, en su caso, órganos desconcentrados, pasarán a ser las unidades de auditoría preventiva.

Los titulares de las dependencias y entidades designarán a los responsables de dichas unidades dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos correspondientes a los perfiles del caso.

Mientras las nuevas autoridades en materia de combate a la corrupción no entren en operación, todos los casos que se presenten por quejas y denuncias de conductas presuntamente violatorias de ley en la materia se atenderán por las unidades de auditoría preventiva, las cuales deberán retomar los asuntos pendientes ahora en curso en la Función Pública.

La reforma propone que, a más tardar el 15 de febrero de 2013, las unidades de auditoría preventiva deberán formular su programa anual de trabajo para el ejercicio de dicho año.