En Uruguay, compra máxima de 10 gramos semanales de mariguana

Montevideo.-Los consumidores de mariguana en Uruguay podrán comprar un máximo de diez gramos semanales de cannabis a menos de un dólar el gramo, anunció hoy el gobierno al presentar la reglamentación de la ley que pondrá en marcha el complejo proceso de producción y venta de la droga por el Estado. Quienes se inscriban en un registro de consumidores podrán comprar un “máximo de diez gramos por semana” de cannabis, dijo en conferencia de prensa el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Diego Cánepa, quien señaló que el decreto reglamentario será firmado el lunes por los ministros y publicado el próximo martes.

El jerarca adelantó que el gobierno realizará un llamado a privados interesados en plantar cannabis “no más de dos semanas después de la entrada en vigencia del decreto”, y que se otorgarán entre dos y seis licencias. Estimó en ese sentido que la mariguana legal llegará a las farmacias para la venta al público en diciembre de este año. El cannabis que se venderá al público tendrá un precio de entre 20 y 22 pesos por gramo (unos 0.9 dólares).

“No hay ningún tipo de subvención del Estado”, aseguró Cánepa, quien indicó que en ese precio están calculados los costos de producción y la ganancia de las empresas y las farmacias. Según Julio Calzada, secretario general de la Junta, “el volumen total que se consume en Uruguay estaría en torno a las 18 a 22 toneladas” de cannabis. “En función de esto se necesitaría un máximo de diez hectáreas para producir para este universo de usuarios”, indicó.

Uruguay se convirtió en diciembre pasado en el primer país en el mundo en regular el mercado del cannabis, en una iniciativa impulsada por el presidente José Mujica como un experimento para combatir el narcotráfico. Aunque el consumo de drogas no está penado en el país desde hace décadas, sí lo estaba su producción y comercialización.

La reglamentación de la ley que regula en Uruguay el mercado de la mariguana bajo control estatal, anunciada hoy, permitirá iniciar el complejo proceso de producción de cannabis, un experimento inédito promovido por el presidente José Mujica y observado con atención por el mundo. El decreto reglamentario será firmado el lunes por el gabinete y el presidente José Mujica, promotor de la iniciativa, y publicado el próximo martes, señaló en conferencia de prensa el presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Cánepa.

“No más de dos semanas después de la entrada en vigencia del decreto” el gobierno convocará a privados interesados en plantar cannabis, adelantó Cánepa, estimando que la mariguana legal llegará a las farmacias para la venta al público a fin de año. Según dijo el jerarca, los consumidores -mayores de 18 años, residentes en el país y que se inscriban en un registro de usuarios- podrán comprar hasta diez gramos semanales de cannabis (con un tope de 40 gramos mensuales) y a un precio de entre 20 y 22 pesos por gramo (unos 0.9 dólares).

La marihuana legal tendrá un 15% de concentración de tetrahidro cannabinol (THC), principal constituyente psicoactivo del cannabis, del que se ofrecerán cinco variedades, añadió. Julio Calzada, secretario general de la JND, estimó que en este país sudamericano de 3.3 millones de habitantes se consumen entre 18 y 22 toneladas de marihuana, por lo que “se necesitaría un máximo de diez hectáreas para producir para este universo de usuarios”. El cannabis será plantado por privados en un terreno del Estado, dentro de un predio militar, que por ahora no será difundido.

En un país donde el consumo de cannabis no está penado desde hace décadas, aunque sí lo estaba su comercialización, los usuarios esperan con ansiedad que la droga legal llegue a las farmacias. “Que se haya aprobado la ley fue un alivio para mí porque no voy a tener que ir nunca más a comprar a una ‘boca’ (punto de venta ilegal) de drogas”, confió a la AFP Claudia, una empleada de 36 años y madre de tres hijos que consigue la sustancia en el mercado negro, donde un cigarrillo cuesta entre 30 y 40 pesos (USD 1.3 a 1.8).

Claudia está dispuesta a registrarse en la farmacia y a compartir el cannabis con su hija mayor, de 17 años, que no podrá comprarlo directamente por ser menor de edad. La ley legalizó también los clubes de consumidores y el autocultivo, que ha crecido fuertemente en los últimos años y donde hay más reticencia a inscribirse en el registro estatal que se creará.

“El registro siempre causó picazón, pero la mayoría entendimos que era una condición sine qua non para llevar esto adelante”, admitió Julio Rey, presidente de la Federación de Cannabicultores de Uruguay. Para Rey, la ley ahora reglamentada “es una diferencia sustancial respecto del prohibicionismo pero a su vez reglamenta restricciones que no corresponderían”.

Entre las críticas a la norma está el límite de seis plantas (o 480 gramos) por hogar o el tope de 45 miembros y 99 plantas por club, mientras que otros dudan de la privacidad del registro de usuarios o de la capacidad del gobierno de controlar una producción que es ilegal en los países vecinos y a decenas de miles de autocultivadores.

Según la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (Aecu) actualmente hay en el país sudamericano entre 30 mil y 40 mil personas que cultivan su propia mariguana. Además, como hay límites para el acceso a la droga, los turistas, los menores de edad y aquellos consumidores que desconfíen de la prometida confidencialidad del registro o quieran más cannabis del permitido son potenciales clientes para el mercado negro que la ley intenta eliminar.

Criticado duramente por la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes (JIFE) de la ONU, el plan uruguayo es visto con interés por organizaciones que sostienen que la guerra contra las drogas aplicada en las últimas décadas ha fracasado o por la Organización de Estados Americanos (OEA), que en mayo invitó a considerar una eventual legalización de la mariguana como forma de lucha contra el narcotráfico.

“Hay consenso en varios países de que lo que estamos haciendo en la lucha contra las drogas no está funcionando pero no sobre cuál sería la respuesta correcta”, comentó a la AFP Hannah Hetzer, de la ONG estadunidense Drug Policy Alliance. “Entonces hay un interés mundial en mirar hacia Uruguay y ver si la experiencia es transferible a otros lugares y otros contextos”. Para Hetzer, “siempre hay riesgos en cualquier reforma de política de drogas”. Pero “los riesgos de consumir marihuana ya están, el mercado ya existe”.

Mientras el mundo mira a Uruguay, los uruguayos no ven la legalización con buenos ojos: más del 60% rechaza la norma, según las encuestas. De todas formas, un sondeo de la consultora Cifra difundido la semana pasada por el semanario Búsqueda reveló que ahora que está aprobada la mayoría (51%) prefiere mantenerla en vigencia y observar cómo funciona antes que derogarla inmediatamente.